Columna de Opinión
Pareciera que sufrimos lagunas mentales cuando recordamos la pandemia; no tenemos precisión de fechas, nos olvidamos de las mascarillas, ya no agotamos el alcohol gel en las farmacias ni recordamos los tediosos salvoconductos… Borramos de la memoria hasta el trauma del encierro. Pero si hay algo que no olvidan 580.389 personas es el pago de las pensiones alimenticias que se les adeudaban desde tiempos remotos.
Y es que, si no hubiese existido pandemia, no hubiesen existido los retiros de AFP. Si no hubiesen existido los retiros, no se hubiesen pagado deudas de pensiones alimenticias con cargo a los 10% en las AFP. Y sin esta brutal cifra, no hubiera nacido entre otras, la Ley N° 21.484, sobre Responsabilidad Parental y pago efectivo de pensiones alimenticias, coloquialmente conocida como “Ley Papito Corazón”, gracias a la cual nuestros Tribunales de Familia ordenaron el pago de cerca de $2.5 billones por concepto de deudas de pensiones, lo que equivaldría a más de 52 teletones, según datos entregados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a 2 años de la implementación de la ley.
Así fue como se desnudó una dolorosa realidad: Antes de la Ley N° 21.389 que creó el Registro Nacional de Deudores y la Ley N° 21.484 ya aludida, miles de madres carecían de mecanismos efectivos para el cobro de las deudas de alimentos, debiendo sobrellevar además del martirio judicial, la carga económica, el mantenimiento del hogar, la urgencia de trabajo remunerado mayormente informal, las obligaciones permanentes de educación, las preocupaciones propias de la crianza, desvelos y un sinfín de responsabilidades marcadas por un fuerte sesgo patriarcal hasta hoy. Y precisamos; nos referimos a “madres”, por cuanto un 46% de ellas no viven con los padres de sus hijos. Otro dato relevante, es que de los 270.000 inscritos en el Registro de Deudores a mayo de 2025, el 96% correspondía a hombres, quienes para ser incorporados adeudaban al menos 3 mensualidades de pensión.
Así las cosas, reconociendo el aporte de las nuevas leyes en materia de “Responsabilidad Parental”, resulta primordial que todos los actores políticos agoten los esfuerzos al elaborar leyes, proponer políticas públicas y ejecutar proyectos, incorporando irrestrictamente la Perspectiva de Género e Infancia. Por la dignidad de nuestras madres y el derecho de sus hijos, no podemos permitirnos que nuevos acontecimientos de excepcional orden mundial vengan a enseñarnos cómo equiparar la cancha.
