Columna de Opinión
“Horror en la comunidad de Santa Cruz, alumno se suicida” y “Colegio Marista de San Fernando: alumno fue brutalmente agredido”, han sido solo algunos de los titulares en medios regionales y nacionales que se han grabado a fuego en la memoria de los habitantes de O’Higgins.
Las víctimas, todas menores de edad. Contexto, siempre el mismo: violencia escolar. Consecuencias: lesiones graves, suicidio, homicidio calificado.
Y es que la violencia en los establecimientos educacionales se ha transformado en un problema estructural en la realidad chilena, sin distinción de sexo, contexto territorial, social ni económico. Y por más debate público que genere, así como programas de convivencia e incluso reformas legales en la materia, lo cierto es que las cifras de violencia escolar incrementaron en la última década. El artículo “Alza en denuncias de violencia escolar refleja un problema social más amplio” del CIEDE, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, señala que un total de 2.501 denuncias recibió la Superintendencia de Educación durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento de 14,2% respecto del mismo periodo del año anterior. En palabras del Dr. Sergio Gatica, investigador de la referida casa de estudios “Si la escuela es un espacio de violencia, ocasional o frecuente, es porque la sociedad se ha vuelto más violenta… La familia ha renunciado a su rol formador. En muchos casos, se espera que la escuela y el Estado asuman sus funciones”.
Es entonces cuando surge la interrogante; si criticamos las políticas públicas como reactivas, ¿cómo calificamos nuestro rol como padres y formadores?
Es aquí donde toma relevancia la ley vigente desde antaño en nuestro país. Tratándose de delitos y cuasidelitos, nuestro Código Civil es claro. En su artículo 2321 dispone “Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir”.
Así las cosas, nuestro desafío como padres o cuidadores en la región de O’Higgins es hacer carne la ley de manera concreta. Desafío que puede transformarse en oportunidad: asumiendo como responsabilidad primaria el rol formador en nuestras familias, cuidarse y prevenir juntos. Si no lo hacemos, nuestras escuelas dejarán de ser refugios de formación para algunos, se convertirán en zonas de riesgo para muchos y nuevos casos seguirán enlutando nuestra memoria colectiva, pero esta vez, con el dolor del deber incumplido.
